La animadversión de determinados poderes fácticos hacia el turismo itinerante no es nueva en Asturias. Desde hace ya mucho tiempo, la situación ha derivado en un continuo cruce de declaraciones entre empresarios del sector del camping asturiano y asociaciones de autocaravanistas de Asturias y de otros muchos puntos de España.
Aunque desde hace tiempo atrás la situación era tensa, por citar un posible origen, fue en el año 2010 cuando el Gobierno Regional del Principado prohibió el aparcamiento libre, lo que fue considerado un verdadero «casus belli» por parte de muchos autocaravanistas. La decisión del Gobierno Regional tomando partido por una de las partes en el debate existente, ha supuesto una clara declaración de intenciones y un preludio de Decretos venideros.
En el año 2014 se trató de dar luz verde por parte del Parlamento asturiano un Decreto en el que se exigía que se realizasen cambios legislativos para permitir la pernoctación de autocaravanas con las limitaciones marcadas por las ordenanzas de los diferentes ayuntamientos. Esta iniciativa contó con el rechazo firme de las asociaciones de autocaravanistas en defensa de la libre circulación de autocaravanas de acuerdo a la Instrucción 08V-74 de la DGT y respaldados por el Subdelegado General de Normativa y Recursos del Ministerio de Interior.
Esta situación derivó en un aluvión de sanciones a autocaravanistas que provocaron incluso el nombramiento del territorio del Principado de Asturias como «zona hostil» por parte de varias asociaciones autocaravanistas.
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Hoy en día son 30 áreas municipales las que funcionan en la región, la mayoría promovidas desde diferentes consistorios que han sabido ver las ventajas que este tipo de turismo otorga a sus municipios.
La acusación por parte de empresarios del sector del camping de Asturias a varios Ayuntamientos de competencia desleal por habilitar dichas áreas de autocaravanas, es entendida por los autocaravanistas como un ataque frontal a sus intereses, quienes ven en un camping una opción, pero nunca una obligación para estacionar sus autocaravanas de acuerdo a la Ley.
En los últimos días, la situación se ha agravado considerablemente. El Gobierno del Principado, vuelve a tomar partido entre las partes y tiene preparado un nuevo Decreto opuesto a los principios del que trató de sacar adelante en 2014, y por el cual ahora, limitará la estancia máxima para autocaravanas en tránsito a 48 horas, autorizando la pernoctación únicamente en áreas especializadas de pago para limitar el efecto medioambiental de las autocaravanas.
Según el consejero de Empleo Industria y Turismo, Francisco Blanco «es preciso establecer una regulación mínima de la acampada de autocaravanas por los efectos medioambientales y paisajísticos que tiene esta actividad, porque no se puede dejar que cada uno acampe libremente y que, en cualquier caso, tampoco puede ser que cada ayuntamiento decida».
Por si fuera poco, este Decreto también contempla un control de la identidad de los usuarios de las autocaravanas que pernocten en territorio asturiano. Varios ayuntamientos asturianos ya han denunciado la iniciativa, pues ven insostenible poder hacerse cargo económicamente de los gastos que supondría este registro, siendo consecuencia directa de esta medida, el cierre de dichas áreas para regocijo del sector empresarial del camping asturiano.
El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, ha defendido la necesidad de regular esta práctica y de aplicar la legislación estatal en materia de control y registro de viajeros, para evitar que «el autocaravanismo pueda abrir una vía al terrorismo».
La respuesta unánime del sector autocaravanista es la intención de no pisar suelo asturiano como consecuencia de estos continuos ataques a sus derechos como ciudadanos.
La respuesta de varios alcaldes como el de Mieres tampoco se ha hecho esperar y puedes consultarla aquí.
La guerra está servida.
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